Apam denuncia un entrampamiento normativo entre APN y Dicapi que podría afectar la reputación del puerto del Callao y generar riesgos ambientales graves.
Un problema que compromete al puerto más importante del Perú
La Asociación Peruana de Agentes Marítimos (Apam) alertó sobre un riesgo de contaminación en la bahía de Callao debido a obstáculos en la recolección de residuos provenientes de buques en los fondeaderos. Según la organización, el conflicto surge de una falta de claridad en la interpretación normativa entre la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).
El origen del entrampamiento normativo
De acuerdo con Apam, la APN considera que la recolección de residuos en fondeaderos constituye un “servicio portuario básico”, mientras que la normativa no reconoce estos espacios como “zonas portuarias”. Esta discrepancia ha impedido desde agosto de 2023 la adecuada gestión de residuos oleosos y basura de los buques mercantes.
Riesgos ambientales y reputacionales
La situación coloca a los buques en una difícil disyuntiva: retrasar operaciones o recurrir a medios no autorizados para descargar residuos. Esto no solo amenaza con generar un daño ambiental en la bahía del Callao y en el mar peruano, sino que también afecta la reputación del puerto como centro logístico confiable y la imagen del Perú en el cumplimiento de compromisos internacionales como el Convenio Marpol.
Impacto en la competitividad del Callao
El Callao concentra la mayor parte del comercio exterior peruano. Cualquier traba en sus operaciones afecta directamente la cadena de suministro, encarece los costos logísticos y proyecta al país como un actor poco confiable en la región. Según Apam, la falta de acción puede derivar en pérdidas económicas, catástrofes ambientales y un retroceso en los esfuerzos por posicionar al Perú como hub marítimo del Pacífico sudamericano.
Una solución urgente
La asociación planteó que la salida a este entrampamiento debe pasar por un acuerdo interinstitucional que clarifique competencias y permita de manera inmediata la recolección y traslado de residuos hacia instalaciones autorizadas por la Dicapi. Apam enfatizó que “la inacción puede generar el riesgo de una catástrofe ambiental y el daño a la imagen del Perú como actor marítimo responsable”.
