Un total de 29 proyectos mineros de cobre en el país siguen paralizados, lo que equivale al 22% de la producción global en espera de ser destrabada.
Durante su presentación «De promesa a producción: El largo viaje de un proyecto minero en el Perú», Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), reveló que el Perú lidera el ranking mundial de proyectos de cobre paralizados o con retrasos. Actualmente, nueve de las 29 iniciativas más relevantes a nivel global se encuentran en territorio nacional, lo que equivale al 22% de la producción potencial de cobre que permanece sin desarrollo.
Entre los proyectos detenidos figuran La Granja, Michiquillay, El Galeno y Conga en Cajamarca; Río Blanco en Piura; Los Chancas, Haquira y Trapiche en Apurímac; y Cañariaco en Lambayeque. Todos presentan un alto potencial productivo, pero siguen sin avanzar debido a una combinación de factores sociales, ambientales, técnicos y regulatorios que generan incertidumbre para la inversión.
Gallardo sostuvo que gran parte de estas iniciativas podrían estar en operación si existiera un entorno más favorable y competitivo para la minería. La situación refleja la necesidad de fortalecer el clima de negocios y destrabar proyectos clave que son estratégicos para la economía peruana y la transición energética global, donde el cobre cumple un rol esencial.
El fenómeno no es exclusivo del Perú. Estados Unidos concentra el 20% de la producción potencial paralizada, con proyectos como Resolution y Pebble. Argentina representa el 11% con El Pachón, Los Azules y Agua Rica, mientras que Pakistán acumula un 9% con Reko Diq. A su vez, Ecuador (7% con Llurimagua), Papúa Nueva Guinea (7% con Frieda River, Wafi-Golpu y Yandera), Filipinas (6% con Tampakan), Chile (6% con Los Helados), Colombia y Panamá (5% cada uno), así como Afganistán (3%), completan la lista de países afectados por retrasos en la industria.
Este panorama evidencia que el desafío de llevar proyectos mineros “de promesa a producción” no solo depende de la disponibilidad de recursos, sino también de la estabilidad institucional, la gestión social y la capacidad de generar confianza en los inversionistas y comunidades.
