Acreedores laborales rechazan que Indecopi designe a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como liquidador, alegando vínculos con acreedores comerciales y posibles inhabilitaciones legales.
El proceso de liquidación de Doe Run Perú SRL atraviesa un nuevo capítulo de controversia. Acreedores laborales han denunciado ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la posible designación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como nueva entidad liquidadora, señalando presuntos vínculos con AYS S.A.C., uno de los acreedores comerciales más influyentes, lo que, a su juicio, representa un conflicto de interés.
La firma, representada por Sonia Alva Rodríguez, es acusada de actuar como liquidadora de AYS S.A.C. en el mismo proceso y de mantener relaciones profesionales con actores clave como el Estudio Muñiz, representante de Doe Run Cayman. Los trabajadores advierten que su designación podría afectar la administración de activos y el orden de pago de las deudas, en un contexto donde los créditos laborales de primer orden superan los S/151 millones.
Además, señalan que una de las socias de Alva Legal estaría inhabilitada para ejercer el cargo, al figurar en registros de riesgo financiero. La disputa se centra en un fideicomiso de US$20 millones, último gran activo de la compañía, actualmente en custodia de Scotiabank y pendiente de resolución judicial para definir su destino.
El caso se da luego de que Indecopi rechazara la continuidad de Consultores A-1 como liquidador y remitiera la elección del nuevo administrador a la Bolsa de Liquidaciones. Ante la falta de respuesta a sus denuncias, los acreedores laborales no descartan protestas en la Unidad Minera Cobriza y el Complejo Metalúrgico de La Oroya.
